La Sindicatura General de la Nación (Sigen) reveló que los
clubes pampeanos Estudiantes de Santa Rosa y Unión Deportiva Campos de
General Acha recibieron indebidamente Aportes del Tesoro Nacional durante la
gestión menemista. Según la ley, los ATN deben otorgarse a las provincias
sólo en situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros.
No
obstante la Sindicatura descubrió que durante la gestión de Carlos Menem se
otorgaron ilegalmente a gobiernos para la realización de obras y a
Organizaciones NO Gubernamentales (ONG) entre las que se cuenta los dos
clubes de La Pampa. El informe trascendió ayer en el diario La Nación en
el marco de la investigación que involucra al ex ministro del Interior y
actual senador por la Capital Federal, Carlos Corach, y al ex gobernador
entrerriano Jorge Busti, por las obras de ampliación del puerto de
Ibicuy. La investigación, de la que participa junto a la Sigen, la
fiscalía de estado de Entre Ríos, descubrió que se gastaron 50 millones de
dólares enviados por Corach de la partida de ATN, en una ampliación
portuaria cuyas obras fueron valuadas en no más de 30 millones. Los ATN,
creados en 1988 por ley 23.548, constituyen el 1% del monto total de la
coparticipación provincial y tienen como exclusiva finalidad atender
"situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales". La Sigen reveló que durante la anterior gestión se
cometieron numerosas irregularidaes con esos fondos, entre los que se
cuentan remesas destinadas a la "pista asfáltica de Miramar" o a la
"cooperación e intercambio entre la Asociación de Amigos de la
Universidad Ben-Gurión del Neguev y la provincia de La
Rioja". También figuran envíos de fondos para la "Fundación
Botánica Conservadora en Córdoba", para la "Casa del Clero de la
Arquidiócesis en la provincia de Mendoza" y para los "clubes
Estudiantes y Unión Deportiva Campos de La Pampa", según revela La
Nación de ayer. En el caso entrerriano la cuestión está en manos de la
Fiscalía de Estado de la provincia y podría desembocar en una denuncia penal
por "delitos contra la administración pública" que involucrarían a
Corach y Busti.
Un bioquímico y dos farmacias fueron excluidos en forma
definitiva en las listas de prestadores del Sempre al considerar que
tuvieron "faltas graves" en su accionar. En el caso del bioquímico
Eduardo Brandi, el Instituto de Seguridad Social formuló un cargo de casi
80.000 pesos por el perjuicio ocasionado a la mutual oficial provincial y
que el profesional deberá devolver.
Las dos resoluciones afectaron al
bioquímico piquense Eduardo Brandi y a las farmacias "San José", de
Alpachiri, y "México Sur", de Santa Rosa, propiedad de Luis Alberto
Calvo Toledano y en ambos casos el ISS determinó la gravedad de los casos
luego de las auditorías llevadas a cabo. De acuerdo a la resolución
393/00 con fecha del 12 de julio de este año, el ISS determinó que Brandi
cometió irregularidades como la falsificación de firmas de médicos y
adulteración de documentación en las recetas. La conducta del prestador
afectó a los incisos a, b, e y j del artículo 117 del decreto reglamentario
1.728/91. El dictamen indicó que "siendo imposible determinar el
monto exacto del perjuicio económico" ocasionado al Sempre en la
facturación del profesional por el período auditado _que comprendió entre
marzo del 98 y agosto del 99_ se estimó que la suma afectada ascendería a un
valor de 79.963 pesos. Este monto fue calculado de acuerdo a una proyección
de lo facturado por Brandi después de comenzadas las actuaciones del ISS en
setiembre del año pasado. El ISS resolvió en este caso sancionar con la
exclusión definitiva como prestador al bioquímico por la "reiteración y
gravedad" de las irregularidades. Además formuló un cargo por los casi
80.000 pesos que deberá ser abonado por el profesional "dentro de los
treinta días" y elevó al fiscal de turno con competencia en General
Pico las actuaciones. En tanto por la resolución 458/00 de fecha 1 de
agosto de este año se excluyó a las dos farmacias, una en Santa Rosa y otra
en Alpachiri ambas propiedad de Calvo Toledano, como prestadoras por haber
incurrido en servicios facturados y no entregados a los afiliados en ambos
locales. En este caso se encontró responsable al farmacéutico de faltas
graves de acuerdo al inciso b del artículo 117 del decreto reglamentario
luego de que confesara que había fraguado recetas de prestadores del Sempre.
Además incluye una notificación de la resolución al Colegio Farmacéutico de
La Pampa.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia,
Julio Pelizzari, informó que los cinco miembros del cuerpo realizarán hoy
una visita a General Pico donde mantendrán una reunión con jueces y
camaristas de la Segunda Circunscripción para intercambiar opiniones sobre
la marcha de los tribunales locales. Además precisó que el jueves mantuvo un
encuentro con la Asociación de Empleados Judiciales, donde trataron temas de
interés del gremio, y anunció que a la brevedad habrá otros
similares.
Pellizari indicó que la reunión con los miembros de la
justicia piquense comenzará luego del horario administrativo y que el STJ no
se constituirá sino que simplemente es una visita que toma interés ya que
asistirán los cinco miembros de ese cuerpo. El juez indicó entre otras
cosas que el almuerzo entre el STJ y los jueces y camaristas de General Pico
será pagado del propio bolsillo de los cinco miembros ya que éstos no
cuentan con gastos de representación ni reservados. _¿Cuál es el
objetivo por el que el STJ se constituye en General Pico? _Vamos a
realizar una visita a la que yo no le atribuiría una trascendencia especial.
Habitualmente las visitas a las distintas circunscripciones las realizan los
presidentes. En esta oportunidad yo le sugerí al cuerpo que fueramos todos e
inclusive que invitáramos al Procurador General porque me parece más útil,
más productivo, un diálogo de más personas. Se aceptó la sugerencia y por
ese motivo vamos todos. Añadió que "no es un tema protocolar ni
obedece a ninguna circunstancia especial, simplemente es una reunión por
trabajo, mirar el estado de los edificios e intercambiar opiniones y
preocupaciones, tomar nota y escuchar la voz y los pensamientos de los
funcionarios del magistrado de General Pico". _¿Es la primera vez
que todos se constituyen en General Pico? _Todo el tribunal creo que
sí. Pero insisto en que es una cuestión práctica, no le atribuyo ninguna
trascendencia especial ni vamos porque tengamos ningún problema en especial
que signifique que todo el cuerpo se tenga que constituir. Tampoco hay una
constitución del cuerpo, sino una visita a la ciudad. _Tuvieron una
reunión con la Asociación de Empleados judiciales hace algunos
días. _Estuvimos reunidos el día jueves con la Adej. Así como he
tenido reuniones con el Colegio de Abogados, con el de
Magistrados. _¿Qué temas se trataron con el gremio? _Tratamos
varios temas ya que fue una reunión prolongada. Temas de interés del gremio,
pero en esto le voy a pedir que me dispense de dar mayor información porque
yo tengo que transmitir todo esto al STJ en el acuerdo del día
martes". Pelizzari indicó que "sí le puedo decir que tratamos
temas que son recurrentes como personal, escalafonamiento, varios temas que
son inquietudes legítimas. Fue un diálogo formal en un marco de recíproco
respeto y quedamos en que nos vamos a reunir en poco tiempo y parte de las
inquietudes las he empezado a procesar el día viernes para recibir mayor
información de las otras áreas del STJ y poder informar a los otros
ministros. Y nos vamos a reunir prontamente porque me interesa reunirme con
ellos". _¿Se trató también la modificatoria del artículo 30 sobre
licencias en la capacitación en el área de justicia? _Me comentaron
que cuando lo leyeron no era de su interés, no era para ellos, que no
opinaban sobre el tema porque no era algo que les afectara. En realidad creo
que es una apreciación correcta porque está destinada más a los funcionarios
y magistrados del Poder Judicial que hacen uso de ese
derecho".
ROBAN OBRA VECINA A LA
SECCIONAL PRIMERA Y ALCAIDIA
Desconocidos robaron ayer a la madrugada
diversas herramientas y elementos de pintura por un valor cercano a los
2.500 pesos, que estaban almacenados en una obra en construcción ubicada en
Illia 516. Lo llamativo del caso es que la obra es aledaña de la Seccional
Primera y además que la garita de los custodios de la Alcaidía se encuentra
a escasos metros _y con visibilidad perfecta_ del lugar al que entraron los
ladrones.
El hecho ocurrió en el transcurso de la noche del sábado y
la madrugada de la víspera, cuando los desconocidos ingresaron al quincho de
la obra _que pertenecería a la Policía Federal_ situada en Illia 516,
lindante con la Seccional Primera y la Alcaidía. Una vez allí, los
malvivientes rompieron la ventana de un quincho en donde los obreros
guardaban diversas herramientas y elementos. El propietario de la empresa
encargada de los trabajos, José Muñoz, denunció que los cacos se llevaron,
entre otras herramientas de precisión, un taladro especial para hormigón y
una sierra circular, además de tarros de pintura, baldes, cucharas y otras
herramientas. El titular de Karen Construcciones estimó que el valor de los
elementos robados superaría los 2.500 pesos, y reconoció que aún resta
llevar a cabo un balance más exacto para determinar si faltaron más
implementos. Llamativamente, desde el lugar que forzaron los ladrones
para ingresar al depósito de herramientas se ve claramente una garita
ubicada en el techo de la Alcaidía. Además se sospecha que por donde
ingresaron los desconocidos hay un extenso descampado. Una de las
principales dudas de los investigadores tiene que ver sobre cómo huyeron los
delincuentes debido a que habrían tenido apoyo y cómplices para acarrear la
gran cantidad de elementos sustraídos.
La empresa italiana Camuzzi Gasometri S.A. (Gas del Sur y
Gas Pampeana) recibió en los últimos dos años más de un millón de pesos en
multas por incumplimientos graves en la prestación del servicio domiciliario
de gas, que sumado a las devoluciones por "errónea facturación" a
los usuarios llevan la cifra a más de 5.000.000 de pesos de cargo extra.
También el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sancionó
económicamente, en calidad de tercero y no de prestador, a la empresa de
Américo Victorio Gualtieri por peligrosa negligencia al encontrarla
directamente responsable del grave accidente que produjo el corte de un
ducto a través de la utilización de una máquina retroexcavadora que
interrumpió el servicio y pudo haber provocado un siniestro de
gravedad.
Dos grandes empresas que participan activamente en la vida
provincial, Camuzzi y Gualtieri, como proveedora monopólica del servicio de
gas domiciliario y concesionaria del acueducto del río Colorado,
respectivamente, han sido severamente sancionadas por el Enargas, según
consta en sus expedientes disciplinarios. La primera por 1.070.000 pesos
y la segunda por 120.000. Total: 1.190.000 pesos. Camuzzi Gasometri
recibió una multa de 695.000 pesos a través de Camuzzi Gas del Sur y otra de
375.000 por intermedio de Camuzzi Gas Pampeana. ¿Los motivos? Violar los
reglamentos de la licencia de distribución de gas domiciliaria en los dos
últimos años, no haber cumplido con las metas fijas propuestas y,
básicamente, por facturar valores no imponibles a usuarios. En lo que
respecta a Camuzzi Gas Pampeana las mayores sanciones aplicadas por
el Enargas están referidas a groseros incumplimientos de lo establecido
en el Programa de Inversiones Obligatorias; no haber alcanzado las metas
físicas propuestas en los contratos de concesión; incumplir la aplicación de
las normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas;
no contar con los procedimientos reglamentarios de detección y control de
fugas domiciliarias; reparar mal las fugas de gas; no aplicar las normas
mínimas para la ejecución de instalaciones industriales de gas; haber
realizado negligentes matenimientos del sistema; no haber cumplimentado
intimaciones de reintegro a clientes afectados; no haber cumplido con los
contratos de transferencia; tener muchos incumplimientos en los reglamentos
del servicio y no controlar las fugas de gas en la vía pública. La
licencia de distribución de gas otorgada por el Estado Nacional a Camuzzi
Gas Pampeana S.A. en el área geográfica de La Pampa, data del 18 de
diciembre de 1992 (decreto del gobierno menemista número 2.456), muestra a
las claras que la firma italiana no cumplió con las inversiones
obligatorias; fundamentalmente por no alcanzar oportunamente el nivel
exigido de protección catódica comprometida y demás estándares de calidad
técnicos implementados por la resolución del Enargas 1192/99.
LA
SANCION A GUALTIERI
De acuerdo al expediente 2563 del Enargas y por
disposiciones emanadas de la Ley 24.072 y su decreto reglamentario, que fija
la sanciones a terceros no prestadores, el ente regulador multó en dos
ocasiones a la firma Victorio Américo Gualtieri (que acaba de prometer la
terminación del acueducto) con 60.000 pesos cada una al hallarla
directamente responsable de un accidente provocado en una línea de
transmisión de 24 pulgadas de diámetro por la acción de una máquina
retroexcavadora con martillo hidráulico, que efectuaba tareas de
construcción bajo la dirección y responsabilidad de Gualtieri y una Unión
Transitoria de Empresas (UTE) vinculada al grupo Subavisa S.A.
La
sanción quedó acreditada, según el Enargas, por la rotura del conducto en la
realización de trabajos en forma antirreglamentaria sobre el ducto de gas.
Gualtieri había sido contratada por la firma Metrogas S.A y firmado un plan
de prevención de daños que indicaba que las instalaciones de gas debían ser
localizadas cavando en forma manual, antes de usar excavadoras mecánicas y
que la posiciones de ellas debían ser señalizadas con marcas
apropiadas. La negligencia manifiesta de Gualtieri para Enargas
"confirmaron su grave responsabilidad en el accidente", y abrieron
una luz de alerta sobre las inspecciones que se llevan a cabo en la
construcción del acueducto pampeano, atento a las declaraciones oficiales
del ente _publicadas en el Boletín Oficial_ acerca de las conductas
empresariales de Américo Gualtieri.
RECLAMOS
INSATISFECHOS
Un reciente informe de la Auditoria General de la
Nación (AGN), conocido durante el mes pasado, mostró que el grado de
incumplimiento hacia los reclamos realizados por los usuarios de Camuzzi Gas
Pampeana en la provincia era por demás elevado, alcanzando un promedio del
46 por ciento.
Los reclamos no satisfechos, en momentos en que
aumentaron los precios del gas en plena temporada invernal, aparecen como
una afrenta a los usuarios, alcanzando las facturas no recibidas al 14 por
ciento, habilitación o rehabilitación demorada el 12, facturación elevada el
8 y falta de lectura de medidores, escaso suministro y corte de suministro
incorrecto el 4 por ciento cada uno. Los principales planteos hacia
Camuzzi vinieron porque la distribuidora, en un 20 por ciento, no dio
cumplimiento al plazo de 15 días establecidos en el Manual de Procedimientos
y la normativa vigente en la materia para la solución de los reclamos, y en
un 65 por ciento no tuvo en cuenta el plazo de 48 horas para su
resolución. Las protestas de los sufridos consumidores pampeanos son por
la poca calefacción (llama amarillenta); por la falta de venteo (purga) en
la red de distribución; por la errónea facturación del período 96-97-98 a
los 25.000 usuarios de la red dispuesta por el Enargas en la resolución
1.073; y por una refacturación con acortamiento de plazos bastante
"sospechosas" a la hora del aumento de tarifas. Pero lo que más
golpeó a la población en épocas de registros termométricos bajo cero fue la
suba del fluido autorizada por el Enargas. Las multas aplicadas por el
Ente Regulador de Gas en los dos últimos años a Camuzzi demuestran a las
claras su ineficiencia y además lo que cuesta (en el bolsillo) soportar un
monopolio privado que se quedó con todas las redes de distribución de los
pampeanos. JUAN JOSE REYES
El fiscal Jorge Marcelo Amado pidió que un integrante de la
comisión vecinal de Colonia Escalante Sur sea citado por la justicia para
declarar como testigo en la investigación por las firmas "truchas"
aparecidas en solicitudes para la formación de consorcios de
obras.
De acuerdo a lo que trascendió ayer, Amado requirió que el
secretario de la comisión, que se apellidaría Aguerrido, concurra a
Tribunales para explicar cómo se obtuvieron esas firmas de vecinos que
permitieron que el Departamento Ejecutivo aprobara la formación de los
consorcios y que el Concejo Deliberante le diera el "okey" a las
obras de cordón cuneta en las calles Constituyentes, entre Gentile y Corona
Martínez, y Sergio López, entre Schmidt y Circunvalación. El fiscal fue
quien recibió hace una semana la denuncia penal por falsificación de firmas
impulsada por el municipio a través de su apoderada, la abogada María Elena
Caviglia, y este pedido habría sido una de sus primeras medidas.
Accesoriamente habría requerido además que se llame a los cinco o seis
vecinos que ya ratificaron ante las autoridades de la Dirección de Asuntos
Vecinales que las firmas no son suyas. ¿Por qué no pidió también que
declare el presidente de la comisión, el ex concejal justicialista Pedro
Rodríguez? Por lo poco que se supo, Rodríguez podría ser convocado más
adelante posiblemente como imputado. Esto significa que podría ser
indagado. Sin embargo, en el medio de la pesquisa existe un detalle que
debería resolverse y es definir en qué juzgado queda la causa. Caviglia fue
a Amado porque estaba de turno el lunes pasado, por lo que el expediente le
correspondería al Juzgado de Instrucción 4, a cargo de Alberto Hugo
Farías.
LA CAUSA PODRIA CAMBIAR DE JUEZ
Pero el fiscal hizo
otra lectura. Señaló que si hubo delito se cometió cuando la nota ingresó a
la municipalidad pidiendo la aprobación de la formación de los consorcios.
Como ese día estaba de turno el Juzgado de Instrucción 2, envió el
expediente allí. Ese tribunal está acéfalo, aunque en poco tiempo asumirá el
actual defensor oficial Hugo Díaz; mientras que el fiscal es Eduardo Bazo
Queirolo. Por eso es que la investigación podría cambiar de
manos.
Otro dato que pudo confirmarse es que el eventual delito
sería falsificación de documento privado, y no público como se habló
originalmente. Esa conducta está penada con prisión de seis meses a dos
años, por lo que es excarcelable. El escándalo de las falsificaciones
_Rodríguez se hizo responsable, aunque no levantó las firmas_ fue fogueado
desde la oposición por la presunta demora en que incurrió el Ejecutivo, a
través del director de Asuntos Vecinales, Sergio Espinoza, en recurrir a la
justicia. Incluso después de comprobarse la existencia de estas firmas
"truchas", la edil frepasista Claudia Giorgis adelantó que con su
colega radical Delia Braun supieron de más falsificaciones en otros
consorcios impulsados por la comisión de Colonia Escalante
Sur.
A partir de hoy se pone en marcha
la campaña de firmas para lograr una Internet accesible a todos. El SIDAR
promueve esta acción que invita a todas las personas con o sin discapacidad
a participar y apoyar al pedido en la dirección http://.sidar.org/firmas.
Desde ahora, entonces, es posible firmar el petitorio generado por el
Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red o
SIDAR, del Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con
Minusvalías de España.
La propuesta incluye también a los que tengan
o no computadoras en sus casas, ya que la proliferación de la red hace que
se pueda ingresar hasta de los locutorios o cafés. El objetivo del grupo
es recoger firmas de manera electrónica con el fin de exigir a los
organismos pertinentes que se garantice que Internet resulte accesible para
todas las personas. La situación latinoamericana podría sugerir que el
pedido conlleva una pretensión fuera de contexto y contradictoria, si se
analiza de cara a la realidad de las personas con
discapacidad. Cualquiera de nosotros podría sostener que si aún se está
bregando, por ejemplo, para que los diputados de la provincia adhieran a la
ley de accesibilidad y a la de prestaciones básicas, el hecho de pretender
una red accesible a todos, podría ubicarse entre la quimera y la ofensa.
Pero lo cierto es que una indiferencia legislativa no debe oscurecer las
soluciones que Internet aporta. El avance de la red convirtió a ella en
una herramienta utilizada en el ámbito familiar y escolar (hoy se inaugura
una red del Ministerio de Educación de la Nación) y además logró ser un
medio de comunicación mundialmente relevante. De alguna manera esto ha
contribuido y contribuye a que muchas de las actividades de la vida diaria
se resuelvan por esta vía, pues la red ofrece soluciones a personas que no
pueden movilizarse a través de servicios como los bancarios, el correo
electrónico, las compras y la educación a distancia.
BARRERAS
PRESENTES Y FUTURAS
Actualmente Internet genera inconvenientes a las
personas con limitaciones visuales para acceder a las páginas y servicios
web que están basados en gráficos y no disponen de información alternativa;
a las personas con limitaciones físicas que no pueden acceder utilizando el
ratón; a las personas con limitaciones de aprendizaje porque se pierden ante
la complejidad de los interfaces deseadas; a las personas con dificultades
auditivas cuando no pueden acceder a la información que se basa sólo en el
sonido si no disponen de versiones de texto.
El día de mañana
todos seremos futuros marginados de la red porque con la edad adquiriremos
estas limitaciones visuales, físicas, de aprendizaje y auditiva. Todo lo
anterior ha sido el motor para que el Grupo SIDAR haya propuesto como
legítimo exigir que los servicios de la red sean accesibles para todos. En
consecuencia hacer la red accesible para todos, significa que incluye tanto
a las personas mayores, como aquéllas que por motivos diversos no pueden
desplazarse temporalmente, personas con discapacidad o aquéllos que cuentan
con medios electrónicos antiguos o conexiones lentas. El SIDAR es un
grupo de trabajo integrado por personas expertas en nuevas tecnologías y en
su accesibilidad. Son miembros del seminario, representantes de
instituciones relacionadas con la discapacidad; así como de empresas del
sector de las nuevas tecnologías. También son miembros personas con
conocimientos e interés en la accesibilidad en Internet. Con las
actividades que planifican anhelan llegar a la sociedad con presencia en
Internet y en particular, a los responsables de comunicación e informáticos,
que cumplen la labor de "webmaster". Anualmente el Real
Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía organiza el
seminario cuyos objetivos son: estimular la presencia de la discapacidad en
Internet y el deseo accesible en la Web; impulsar la aplicación de las
"pautas de estilo" y de la CIDDM en el deseo de dichas páginas web;
y promover el intercambio de información e investigación en habla hispana
sobre la evolución de las recomendaciones de accesibilidad en Internet. A
esta acción se suman otras actividades. La búsqueda de firmas es otra acción
que se halla bajo el lema "Trabajemos para poder acceder a la sociedad
de la información en el futuro". Si realmente pensamos y creemos en el
futuro, no se dudará en adherirse al reclamo. Silvia Laura
Bersanelli
La circulación de La Arena es auditada por el Instituto
Verificador de Circulaciones (I.V.C.), único organismo argentino
competente.
